apenas una idea comparten las acusaciones y las defensas de los siete miembros del Liceo La Paz que durante toda esta semana se enfrentaron a juicio por homicidio imprudente, en relación a la muerte del alumno Diego Novo durante la actividad de natación, en marzo de hace cuatro años: durante un lapso indeterminado de tiempo el niño se perdió de la vista del socorrista y la monitora que vigilaban la clase de primero de Infantil aquella mañana. Fue cuestión de minutos, pero suficiente para que el pequeño acabara en el fondo de la piscina.

Si esa falta de control se debió a un error humano, a un fallo en el protocolo que regía el recinto deportivo o a un imponderable es algo que corresponde a la jueza de penal 5 determinar. Tras escuchar las declaraciones de los testigos y peritos, las partes fijaron ayer sus posiciones ante el accidente, que puede costar cuatro años de cárcel a los dos trabajadores que estaban al cargo de los niños y entre tres y cuatro al coordinador de la piscina, el jefe de estudios, el director técnico del Liceo y sus dos propietarios.

“Todos son responsables. En sus respectivos papeles incumplieron el deber de mantener la piscina siempre vigilada”, estima la representante de la Fiscalía, para quien la imprudencia se produjo por omisión en el caso de la dirección y de forma activa, en el del socorrista y la monitora: “Confiaron en que los niños actuaran de forma diligente, lo que desgraciadamente no ocurrió”.

Esa falta de diligencia se refiere al hecho de que Diego, de solo cuatro años, volvió a meterse en la piscina sin llevar puesta la burbuja de flotación, aunque las dudas principales se refieren al modo en que salió del agua. Para las defensas, lo hizo sin pedir permiso al socorrista ni a la monitora, algo de lo que duda el abogado que representa a los padres del menor, convencido de que fueron sus supervisores quien le retiraron el flotador al pequeño, para luego olvidarse de él.

Esta parte coincide con la Fiscalía en que existió “descontrol y descoordinación” del socorrista y la monitora, que intercambiaron sus funciones para sustituir a la profesora de curso de Diego, ausente aquella mañana. Pero por encima de eso, la acusación particular carga las tintas en los fallos el protocolo de seguridad, un código que defienden las tres defensas: “Era tan seguro que permitió que esto ocurriera, y si no ocurrió más veces es porque Dios no lo quiso. Mis patrocinados, lo que quieren, es que esto sea un punto final, y que la actividad se regule”.

Una posición opuesta plantea el abogado que representa a la monitora, que admite una culpa “in vigilando” de quienes estaban en el recinto –aunque circunscrita al ámbito civil y no penal– y el del coordinador, que habla de un fallo humano”, un “lapsus muy pequeño con un gravísimo desenlace”.

Parecida es la tesis del letrado de los propietarios, el director, el jefe de estudios y el socorrista: “Es evidente que algo falló, pero lo que se produjo fue un error humano, nunca de protocolo”.

Esta parte admite que las personas al cargo de la clase “pierden el control” sobre el menor, pero no únicamente el socorrista y la monitora, sino también el resto de docentes que en aquella hora pasaron por la piscina. “No son todos los que están ni están todos los que son. Muchas otras personas tuvieron intervención en este desgraciado accidente”, estima esta defensa, y lamenta la falta de elementos que permitan aclarar lo ocurrido: “No hay pruebas, todo son elucubraciones. Nadie sabe realmente lo que ocurrió, de otro modo las personas que se sientan en el banquillo lo hubieran evitado, seguro”.

En efecto, de las tres sesiones de juicio resulta imposible extraer datos fundamentales para esclarecer los hechos, como la identidad de la persona que retiró a Diego la burbuja cuando salió del agua, si este había pedido permiso para ir al baño o si lo hizo durante o después de que terminara la actividad.

Para la acusación particular, ello responde al “oscurantismo buscado por el Liceo” y al “silencio cómplice” de los propietarios para “ocultar” unas prácticas irregulares –sustituciones entre monitores sin supervisión de sus superiores, clases a cargo del socorrista– que según esta parte eran “habituales”. “No era para nada habitual. El protocolo era correcto, lo fue durante 29 años”, defendió el letrado del colegio, argumento al que se opone la acusación: “No estamos juzgando al Liceo por su historia, sino por un hecho concreto”.